En sesión virtual, integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia del Congreso del Estado aprobaron la terna presentada por el gobernador Juan Manuel Carreras López que incluye a tres profesionistas de los cuales, en teoría, en sesión del Pleno Legislativo se elegirá a uno como nuevo Fiscal Anticorrupción.
Dichas comisiones, no sin problemas, avalaron que Leticia García Torres, Xóchitl Martínez Calderón y Felipe Aurelio Torres Zúñiga cumplen con los requisitos para el puesto señalados en la convocatoria, como ser mexicano de nacimiento, tener residencia previa de dos años en San Luis Potosí, ser licenciado en Derecho, no contar con antecedentes penales y tener 35 años cumplidos al momento de asumir, y no haber desempeñado cargos como fiscal, diputado o alcalde, entre otros.
El debate no se dio en torno al cumplimiento de los requisitos, sino respecto a si los candidatos reúnen el perfil ideal. Tanto el diputado Edgardo Hernández Contreras (PVEM) como la legisladora Marite Hernández Correa (Morena) señalaron que las tres propuestas del gobernador carecen de independencia y por tanto no garantizan que habrá una lucha real en contra de la corrupción en San Luis Potosí.
En la Comisión de Gobernación, la terna se aprobó por mayoría con el voto en contra del diputado Rubén Guajardo Barrera (PAN), en tanto que en la de Justicia fue más complicado: Primero se dictaminó en contra con los votos de Rubén Guajardo (quien además ejerció su voto adicional de calidad), Marite Hernández y Edgardo Hernández, mientras que las diputadas Paola Alejandra Arreola Nieto (PT), Sonia Mendoza Díaz (PAN) y María del Rosario Sánchez Olivares (PRI) votaron a favor. El voto de Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez (PRI) quedó fuera, de momento, por problemas técnicos.
Posteriormente, luego de una larga discusión, el dictamen de Justicia se cambió a favor cuando la mayoría de sus integrantes decidió recuperar la validez del voto de la diputada Benavente Rodríguez. El presidente de la Comisión, Rubén Guajardo, se abstuvo y pidió que todo quedara asentado en el acta para revisar posteriormente si fue apegado a los reglamentos.
Ambos dictámenes deberán someterse a votación del pleno antes del 16 de agosto, fecha en que se cumple el plazo reglamentario de 30 días para elegir a un nuevo o nueva fiscal anticorrupción.
