Las tiendas de armas de Los Ángeles consideran que durante la pandemia podían haber ofrecido un servicio tan esencial como el de una farmacia o un supermercado. Y un juez les ha dado la razón. En el cosmopolita condado de Los Ángeles, con su cartel de Hollywood, casas de ensueño y playas atestadas de surfistas, un tribunal federal de apelaciones ha declarado inconstitucional el cierre de las armerías y los campos de tiro durante los primeros 48 días de crisis sanitaria. La resolución del juez Lawrence VanDyke, encargado de dirimir el caso, se ha amparado en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas.
“Es la primera vez que se sentencia contra el Gobierno de un estado o un condado por limitar inconstitucionalmente este derecho, y puede sentar un precedente”,
dijo a Efe Ronda Baldwin-Kennedy, abogada defensora de las asociaciones proarmas en este litigio. Por el contrario, para Giffords, una organización dedicada a salvar vidas de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos, esta decisión judicial, que también se aplica al vecino condado de Ventura, es “equivocada”.
Esa es la visión del director de Políticas de Giffords, Adam Skaggs, quien también la define como “extraña” al producirse en California, uno de los estados más estrictos en el control de armas.
En el conocido como “estado dorado”, para comprar una pistola se necesita pasar una prueba de tiro y obtener un certificado; aportar una identificación personal y un domicilio reconocido; y presentar una solicitud al Departamento de Justicia para que confirme que el comprador no tiene antecedentes penales. El gobernador de California, Gavin Newsom (Demócrata), ha llegado a afirmar que quiere prohibir las armas de asalto y que permitirá que particulares puedan demandar a los fabricantes y vendedores de armamento de guerra.
