El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la reforma constitucional en material electoral, a la que llamó “reforma democrática”, en la cual se propone eliminar el Instituto Nacional Electoral y crear en consecuencia el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Este nuevo organismo autónomo estaría integrado por siete consejeros, cuatro menos que en la actualidad, quienes serían elegidos a través del voto popular de una terna de 60 personas propuestas por los tres Poderes de la Unión. Además, estaría a cargo de las elecciones de todo el país, lo que significa la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
Esta penúltima reforma constitucional que tiene pensada López Obrador elimina las diputaciones plurinominales y reduce de 500 a 300 los integrantes en el Palacio de San Lázaro y a 96 los del Senado de la República.
La iniciativa también impacta a nivel local, al limitar el número de diputados en congresos locales en un rango de 15 a 45, dependiendo la población de la entidad, y pone un límite de nueve regidores para la integración de los ayuntamientos. Considera, además, la eliminación del financiamiento público ordinario a partidos nacionales y locales, conservándolo únicamente para campañas electorales. Y reduce costos de los procesos electorales.
Estas medidas significarían un ahorro de 24 mil millones de pesos y, según el Presidente, ayudaría a terminar con una historia de fraudes que provocaron los actuales niveles de pobreza y violencia.
Esta iniciativa que propone una sola legislación electoral en el país, modifica 18 artículos de la Constitución e incluye siete transitorios, fue creada por un grupo de trabajo integrado por Horacio Duarte, actual administrador de aduanas; Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; y el secretario de Gobernación Adán Augusto López.
Con ésta, se busca implementar el voto electrónico en los procesos electorales y fortalecer la participación de los mexicanos en el extranjero. También, incluye la reducción de 33 por ciento de participación para que la consulta de revocación de mandato sea vinculante.
