La venta de drogas al interior de los distintos campus universitarios y el acoso sexual por parte de maestros a alumnas son permitidos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuyo rector esconde la cabeza en la tierra para desentenderse de estos graves problemas.
Desde hace más de 20 años, “dealers” se infiltran en las escuelas y facultades de la máxima casa de estudios para vender marihuana, cocaína y cristal, entre otros “dulces” -como les llama el alumnado- sin que las autoridades universitarias implementen un trabajo de prevención y combate efectivo a este problema.
A la fecha, la seguridad interna de la dicha institución no ha puesto a disposición de las autoridades a un solo vendedor de drogas, así sea externo o estudiante universitario. A la fecha, los programas de prevención de adicciones y fomento a la denuncia en esta institución son desconocidos, son tabú del que no se habla ni se opina, a pesar de que San Luis Potosí se convirtió en un estado de consumidores (40 mil según el gobierno de San Luis Potosí), de los cuáles una buena parte son estudiantes.
Aunque la venta de drogas y el consumo excesivo de alcohol en fiestas universitarias (no precisamente al interior de la UASLP) es un hecho innegable, éstos delitos son menos denunciados que el acoso sexual y el hostigamiento docente, donde las afectadas han alzado la voz sin que tampoco encuentren respuesta por parte de Alejandro Zermeño Guerra, rector de la UASLP.
Ante la ola de denuncias públicas contra maestros acosadores, hechas desde hace varios años por parte de valientes alumnas que rompieron el silencio y enfrentaron la situación, de manera tibia, la rectoría creó la Defensoría de Derechos Universitarios, a cargo de Urenda Queletzu Navarro Sánchez, este órgano sólo ha servido para entorpecer las denuncias y es carece de fuerza ante el sindicato docente de la UASLP, que protege a ultranza a los perpetradores.
Como ejemplo basta mencionar la denuncia contra el catedrático José Francisco “N”, puesta desde 2018 por la víctima, la cual fue “congelada” por dos años con excusas para finalmente, ya en el periodo de Zermeño Guerra como rector, fuera desechada por el abogado general de la universidad, Martín Joel González de Anda, argumentando que había prescrito.
De enero a mayo del presente 2022 se han presentado 28 quejas por acoso sexual y hostigamiento docente.
