Sin consultar a sus agremiados, las cámaras empresariales violentan sus normas internas y se involucran en política-electoral al salir en la defensa a ultranza del alcalde Xavier Nava Palacios que enfrenta la solicitud de varios juicios políticos por violentar los derechos humanos de las comunidades indígenas, mujeres ambulantes y a la ex oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales.
Habiendo otros problemas tan graves que afectan a la población capitalina como la inseguridad a niveles críticos con ejecuciones todos los días del crimen organizado y asaltos violentos en fraccionamientos exclusivos donde habitan los mismos dirigentes empresariales, optaron por sumarse al proyecto político de Nava que aspira la gubernatura el próximo año.
En un desplegado publicado en la prensa y dirigido al Congreso del Estado, los dirigentes empresariales, encabezados por Manuel Castanedo de Alba, coordinador de la Alianza Empresarial y líder de la CMIC, se muestran abyectos e ignorantes de la ley ante la posibilidad de los legisladores inicien el procedimiento de juicio político contra Nava, y recurren a las mentiras y al autoritarismo.
Ponen en duda el fundamento de las denuncias en contra del alcalde Nava y se hacen los omisos ante un hecho concreto: se ha negado a acatar tres recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos; además le restan validez al derecho que todo ciudadano tiene de ejercer acciones legales cuando considera que un acto de la autoridad lesiona su patrimonio, su actividad y derechos humanos en general.
Los dirigentes empresariales consideran que los quejosos, ciudadanos sin partido y dedicados a diversas actividades económicas para ganarse el sustento, “tienen pretensiones de competir por diversos puestos de elección popular”, cuando es totalmente falso, ninguna de las personas que fueron violentadas en sus derechos humanos por el alcalde Nava aspira a un cargo de elección popular, su único interés es que se aplique la justicia contra sus abusos de poder.
No conformes con mentir, las cámaras empresariales aseguran que quieren utilizar el Congreso del Estado “como una herramienta de competencia política, incluso con el propósito de anular la vía democrática y las urnas como medio para excluir o lastimar adversarios y proyectos políticos”.
(CIRCULO ROJO)
