Mientras que la administración estatal busca aumentar la deuda pública para apoyar al sistema de salud en su lucha contra la pandemia de COVID-19, los Servicios Estatales de Salud engrosaron sus propios pasivos un 49.4 por ciento al cierre del año pasado, para llegar a dos mil 118 millones de pesos, según la cuenta pública de 2019 del organismo encabezado por Mónica Rangel.
En un año, las obligaciones financieras de los SES se incrementaron 701 millones de pesos, que se sumaron al pasivo de mil 417 millones de pesos con que cerró 2018.
Y si tomamos en cuenta que en 2017, ese rubro era de 715 millones de pesos, tenemos que en dos años, la deuda de los SES presenta un incremento de 195.8 millones de pesos.
El documento fue entregado a la Secretaría de Finanzas el 2 de marzo pasado, que a su vez lo hizo llegar al Congreso del Estado el 15 de abril pasado.
Según el reporte analítico de deuda pública y otros pasivos anexo al documento, la obligación financiera más cuantiosa de los SES es de mil 148.5 millones de pesos del rubro otras cuentas por pagar a corto plazo.
Con los proveedores de la institución, la deuda ascendía al cierre de 2018 a 898.6 millones de pesos y por el rubro de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, la deuda era de 70.7 millones de pesos.
El saldo restante, de 176 mil 525 pesos, aparecía aplicado al concepto de servicios personales por pagar al corto plazo.
En las notas a los estados financieros del documento, se reitera el saldo pendiente y se puntualiza que está integrado principalmente por «impuestos y retenciones a los trabajadores del organismo por enterar, proveedores, contratistas de obra pública, transferencias entre fuentes de financiamiento, retenciones y contribuciones».
Ayer, el gobernador Juan Manuel Carreras López anunció la intención de contraer deuda de no más de 800 millones de pesos para cubrir los gastos extraordinarios que ha generado la contingencia sanitaria.
Es decir que, de acuerdo a lo informado, el gobernador Carreras y su gabinete quieren mandar a los potosinos a la calle en las mismas fechas que la entidad potosina esté resintiendo lo más delicado, o grave, de la pandemia.
Tal decisión resulta incongruente con las medidas de seguridad que debían de seguirse, y pondría en mayor riesgo a la población, pues de acuerdo a la citada Rangel Martínez, el “pico de la pandemia” se espera en la entidad potosina en los días últimos de mayo.
Si el estado tiene hasta la fecha niveles moderados de contagio (336 infectados y 18 muertes) solo se debe a que SLP lleva dos semanas de retraso en las fases de transmisión respecto a los indicadores nacionales, especificó la funcionaria ayer.
Sin embargo, este martes 12 de mayo con publicidad pagada en medios de comunicación, el gobierno estatal inició una campaña donde anuncia su “Programa Estratégico de Reactivación Económica”, y da a conocer la millonaria deuda que pretende contraer.
En esa información, se indica que las “premisas” de tal Programa serán “garantizar la salud de los potosinos sobre bases de escalamiento ordenado”. Pero no se da ningún dato sobre la pandemia ni fechas concretas para esa «reactivación»; tampoco se explica por qué se pretende el reinicio cuando vienen las fechas más críticas.
Tal anuncio de reactivación económica queda así evidenciado como una sucia argucia para justificar el citado préstamo de 700 millones de pesos que el gobierno estatal pretende solicitar, usando como justificante el problema de salud generado por el Covid19.
Queda claro así que el citado virus le dio al gobierno de Juan Manuel Carreras una formidable (e inmoral) excusa para disponer de una cantidad millonaria al final de su sexenio.
(Circulo Rojo)
