El de la movilidad en la ciudad se ha vuelto, desde que surgió el tema como innovación al inicio del sexenio de Fernando Toranzo Fernández, un buen pretexto para que se ofrecieran soluciones que justificaron altos presupuestos durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López… pero sin resultados.
A principios de la década pasada, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) contrató a la empresa Felipe Ochoa y Asociados (FOA Consultores) para realizar el Estudio para el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de San Luis Potosí, por el que se pagaron poco más de 13 millones de pesos.
Fue el primer costo cuyo resultado dejó una serie de documentos, entre los que destacan el Estudio para el Plan de Movilidad Urbana Sustentable y el propio Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), que se encuentran desde 2013 en posesión de las autoridades estatales como guías de la ruta a seguir para resolver ese tema.
El PIMUS quedó establecido en ocho componentes que, de haberse cumplido, desde hace más de un sexenio –según el plan– San Luis Potosí sería un modelo de movilidad urbana sin problemas de “validad y tránsito”, “transporte de carga”, “transporte urbano”, “movilidad no motorizada”, “movilidad en centro histórico”, “entorno urbano”, “medio ambiente y seguridad” y “marco institucional y gestión de la movilidad”.
Una ruta muy bien estudiada que, por alguna razón, se desvió en el camino.
Quizá los requerimientos de inversión fueron el primer obstáculo pues, por ejemplo, para el caso del Transporte Urbano se estimó necesario invertir 2 mil 246 millones 500 mil pesos, de los cuales 2 mil 238 tendrían que aplicarse al “establecimiento del sistema de corredores de transporte con carriles de bus preferente”.
En una primera etapa para los corredores de transporte urbano se requería una inversión de 538 millones de pesos, según el PIMUS. Nueve años después, los recursos destinados para esa etapa han sido 371 millones 588 mil 420.79 pesos y los avances de las presuntas obras resultan inexistentes. No sólo se desvió la ruta, también se desviaron los recursos.
Durante el primer trimestre del gobierno de Juan Manuel Carreras López se licitaron y asignaron obras para una primera etapa por un monto de 82 millones 731 mil 137.22 pesos… y comenzaron los problemas que derivaron en una simulación y una oportunidad para gastar el erario a cambio de nada.
Se trazó una ruta de la zona industrial al centro de la ciudad por la avenida Industrias que implicada la eliminación del camellón en el tramo de Salvador Nava Martínez al periférico Antonio Rocha Cordero. Los vecinos de las colonias de ese trayecto protestaron por lo que consideraron sería un ecocidio.
Un censo detectó en esa ruta mil 884 especímenes de los cuales sólo se salvarían 322. El resto desparecería del panorama de esa avenida: mil 377 tendrían que ser reubicados, 173 reemplazados y 11 árboles muertos retirados. Las protestas obligaron a trasladar las obras a las laterales de la Carretera 57, pero no se realizaron.
En 2019 se dio otra asignación de obras, en esta ocasión por 288 millones 857 mil 283.57 pesos para un sistema de transporte que ya había sido creado por decreto bajo el nombre de Red Metropolitana de Transporte Sustentable (Red Metro), con una junta de gobierno que incluyó a representantes de la iniciativa privada. Al cierre del sexenio todo quedó en obras simuladas.
Leonel Serrato Sánchez, secretario de Comunicaciones y Transportes, convirtió esa historia de soluciones inexistentes que justificaron gastos por 371 millones 588 mil 420.79 pesos a cambio de nada en una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado el pasado 21 de febrero, por la posible comisión de siete delitos.
Una denuncia que menciona a 13 ex funcionarios que algo tendrán que explicar: Fernando Toranzo Fernández, Jesús Conde Mejía, José Guadalupe Durón Santillán, Luis Nava Calvillo, Juan Manuel Carreras López, Alejandro Leal Tovías, José Luis Ugalde Montes, Daniel Pedroza Gaitán, Ramiro Robledo, Fernando Chávez Méndez, Porfirio Flores Vargas, Macrina Martínez Pozos y Leopoldo Stevens Amaro.
En la denuncia se omite a Urbano Menchaca Vázquez, quien fue el director de la Red Metro y titular de la SCT al cierre del anterior sexenio, y a los representantes del sector privado en la junta de gobierno: Alejandro Pérez Rodríguez, por CANACO, Ricardo Pérez Castillo, por la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, y Francisco Delgado Rojas, Rector de la Universidad Politécnica.
A nueve años de haber sido concluido, las soluciones planteadas por el Estudio para el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable seguro requieren una actualización, pero también –como mayor prioridad– establecer controles para que la corrupción, el mayor mal que ha enfrentado la administración pública en décadas, vuelva a impedir que se realice lo que la ciudad necesita.
