El Ayuntamiento capitalino fue condenado a pagar un millón 820 mil pesos por la destitución ilegal de Alfonso Díaz de León Guillén, como director del Instituto Municipal de Planeación (Implan) por parte del ex alcalde Francisco Xavier Nava Palacios.
En el 2017, el exalcalde Ricardo Gallardo Juárez le tomó protesta a Díaz de León Guillén por tres años, que culminarían en el año 2020, pero fue depuesto en octubre de 2018, semanas después de que Xavier Nava asumió el cargo.
En entrevista concedida vía telefónica, Díaz de León confirmó que la Junta de Conciliación y Arbitraje le fijó al Ayuntamiento un plazo de 15 días naturales para dar cumplimiento al laudo, por el que el Ayuntamiento debe pagarle un millón 820 mil pesos.
Monto derivado de los salarios caídos, intereses, prima vacacional, entre otros, durante poco más de tres años, explicó el ex diputado local por el Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura (2012-2015) y ex aspirante a ser postulado candidato de Morena a la gubernatura en el reciente proceso.
El laudo a su favor lo atribuyó a la “torpeza, falta de honestidad y corrupción” de Xavier Nava, “que pregonaba combatir la corrupción e hizo cosas totalmente ilegales”, como en los desalojos de Teresa Carrizales, de comerciantes ambulantes y en su caso.
“Actuó de manera infantil, sin valores ni principios. Es ejemplo de que no puede llegar cualquier tonto a una presidencia municipal y el que tenga un apellido extraordinario no significa nada, pues lo que habla por una persona es la trayectoria personal, no la de un familiar”, enfatizó.
Xavier Nava, recordó, “me engañó; me convocó a una reunión para presentarle mi plan de trabajo y me destituyó”.
Otro día, añadió, llegaron al instituto “policías con ametralladoras y no se me permitió sacar mis objetos personales de la oficina y hackearon mis cuentas de redes sociales. Nos iban a hacer lo mismo que a Teresa Carrizales, solo que mis compañeros ni yo nos opusimos”, añadió.
En consecuencia, presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), denuncias en la Auditoría Superior del Estado (ASE), porque no le permitieron la entrega recepción, en la Fiscalía Anticorrupción y en la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Díaz León Guillén, familiar del también ex congresista local Manuel Barrera Guillén, aseguró que como diputado y arquitecto uno de sus objetivos fue contribuir a legislar para mejorar la planeación urbana de la ciudad.
De modo que impulsó que los directores de los institutos asumieran el cargo a mitad del trienio y lo concluyeran a la mitad del siguiente, por el cúmulo de intereses “que hay en el manejo del uso de suelo por parte de los desarrolladores y de los políticos”, justificó.
De manera que el director fuese electo sin la injerencia de los alcaldes en turno, sino en consenso con las instituciones relacionadas con la planeación urbana, como los colegios de arquitectos y de ingenieros, comentó.
