El magistrado consideró que las medidas emitidas por el Presidente no cumplen los requisitos constitucionales para conceder la suspensión
Un juez federal rechazó frenar la aplicación de las medidas de austeridad anunciadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que incluyen reducciones salariales y eliminación del pago de aguinaldo y prestaciones a servidores públicos por la pandemia del COVID-19.
El juez Quinto de Distrito de Amparo y juicios Federales, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, negó la suspensión en un amparo en el que se reclamó el decreto por el que el Ejecutivo federal estableció las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal por la crisis derivada del coronavirus.
Esto, debido a que el juez consideró que las medidas emitidas por el Presidente de la República desde el pasado 23 de abril, no cumplen los requisitos constitucionales para conceder la suspensión.
En la demanda, el quejoso también reclamó la omisión de atender con preferencia, sobre las diversas actividades de gobierno, la epidemia ocasionada por el COVID-19 mediante la asignación de mayores recursos para el sector salud, pues en el decreto de medidas de austeridad el Presidente no canceló los proyectos prioritarios como la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
“Dichos actos que tilda de inconstitucionales, se insiste, no son de naturaleza de aquellos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos que estima vulnerados, por lo que no hay lugar a tramitarse la medida suspensional solicitada”, indicó el juez.
La demanda fue presentada desde el 10 de abril pasado e inicialmente el quejoso reclamó la omisión de proveer medidas administrativas, capacitación, instrumentos, material de protección, equipo médico suficiente y apoyo psicológico para garantizar que no se contagien todos los médicos, enfermeros y personal del sector salud del país que atiende a pacientes con COVID-19 y la omisión de proveer ventiladores respiratorios.
Pero el pasado 28 de abril, el juez tuvo por recibida una ampliación de demanda en la que el quejoso incluyó el decreto de implementación de medidas de austeridad en la Administración Pública Federal ante la pandemia.
En estrados judiciales no ha sido publicada ninguna determinación sobre los primeros reclamos del quejoso sobre la prevención de contagios de COVID-19 entre personal de salud y la compra de ventiladores respiratorios para atender a los pacientes con esta enfermedad.
